Y después de la Huelga General, ¿qué?
martes, 5 de octubre de 2010
Y después de la Huelga General, ¿qué?
Antoni Doménech, Gustavo Buster y Daniel Raventós
La Huelga General del pasado 29 de septiembre ha sido la séptima desde que fueron
recuperadas las libertades políticas básicas en nuestro país. Todas las anteriores lograron
modificar de manera más o menos drástica las políticas gubernamentales hostiles a los
derechos sociales que las habían motivado. Y todas, incluida la espectacular huelga general
contra el gobierno de Felipe González de diciembre de 1988, fueron en su día o minimizadas o
ninguneadas como un fracaso o como un semifracaso por los grandes medios de
comunicación y por los todólogos y tertulianos de turno. La VII Huelga General ha sido un
éxito. Por lo pronto, en un ambiente de indecible mendacidad y hostildad –rayana
en el linchamiento mediático de los sindicatos—, lo cierto es que la Huelga General ha logrado
abrir por vez primera un espacio de deliberación pública a gran
escala sobre la aguda crisis
económica y social que azota al
país desde hace tres años. Mal
que bien, y con todas las
sordinas que se quiera, los de
abajo –incluidos los que,
viéndola venir con los ojos de la
precariedad amedrentada,
recelaban de la Huelga— han
debatido entre sí en el puesto de
trabajo, en la calle y en los
barrios. Y han conseguido hacer
oír su voz a todos. Y esa voz ha
sonado menos chabacana,
menos tópica, más genuina y por
supuesto mucho menos
superficial y mucho más interesante y enriquecedora que la de los tenores huecos que,
excelentemente retribuidos, suelen hablar de todo por boca de ganso en los grandes medios
de comunicación.
La Huelga ha conseguido parar la producción industrial, limitar de manera significativa el
transporte y hacerse presente en los servicios. Su efecto en el sector privado ha sido muy
superior al del sector público, lo que es una diferencia a subrayar en relación con países
como Francia o Grecia. Las manifestaciones que cerraron la jornada de lucha sindical fueron
masivas y combativas, especialmente en Madrid y Barcelona, con la participación de cerca
de dos millones de personas.
Este resultado está, por lo tanto, lejos del fracaso augurado y, sobre todo, esperado por la
derecha política, las patronales y la inmensa mayoría de los medios de comunicación.
También del semifracaso más o menos maquillable que seguramente deseaba el gobierno
de Zapatero. El PP, por su parte, se ha limitado a augurar, primero, y a confirmar, después,
que tanto el gobierno Zapatero como los sindicatos han fracasado, y que ambos son
coresponsables de la crisis. Mención especial merece el grupo Prisa, editor de El País, que
se ha sumado a la primera parte de este ideologema tras encargar para este fin una
encuesta a Metroscopia [1].
Los objetivos de la huelga general
Con un planteamiento tácticamente correcto, CC OO y UGT habían situado el objetivo de la
huelga en una rectificación por parte del gobierno Zapatero de la congelación de las
pensiones y de la contrarreforma del mercado laboral. No se trataba de emplazar a los
trabajadores y trabajadoras votantes socialistas a romper con el gobierno, sino de presionarlo
unitariamente desde la izquierda y hacer la experiencia conjunta de sus limitaciones como
proyecto político progresista, abriendo el horizonte de una resistencia a medio y largo plazo.
Detrás de la decisión de CC OO y UGT de convocar la Huelga General –calificada por Toxo
como “una gran putada”—, está el convencimiento de ambas direcciones sindicales de que el
margen de maniobra para el diálogo social con el gobierno Zapatero se ha agotado. Pero
movilizar contra ese gobierno a la que hasta ahora ha sido parte sustancial de la base del
mismo, poner coto a la resignación social y evitar la capitulación de la democracia, exige
recuperar una disposición combativa cuando menos enervada, y prepararse para un largo
período de experiencias parciales colectivas de resistencia, experiencias en las que
inevitablemente no sólo tendrán que plantearse políticas alternativas concretas y tangibles,
sino que habrá que acumular las fuerzas sociales necesarias y construir políticamente las
instituciones organizativas capaces de representarlas. En definitiva, supone iniciar la
reconstrucción de la izquierda tras el desmoronamiento del “zapaterismo” como proyecto
político progresista.
Lo cierto es que: en un ambiente mediático extremadamente hostil, envenenado a conciencia
por un odio político tan irracional como mendaz, tendente a presentar a los sindicatos como
los verdaderos culpables de la crisis económica (y de su consecuencia más lacerante, un
desempleo que ronda el 20%); faltos los sindicatos mayoritarios de entrenamiento combativo,
tras años de ilusorio “malmenorismo” y disposición “responsable” ante un voraz capitalismo
de logreros, amiguetes políticos y rentistas irresponsables; con una población trabajadora
amedrentada por el paro, la precariedad laboral y las deudas; con una imagen pública
estragada ante sus propias bases por el vínculo generalmente percibido por éstas entre las
direcciones sindicales y los erráticos e incompetentes bandazos de la política económica del
gobierno Zapatero; con todo y con eso, e independientemente de la valoración que pueda
hacerse de su desigual impacto en distintos sectores, la Huelga General ha dejado claras al
menos cuatro cosas:
Por ello, e independientemente de la valoración que pueda hacerse de su desigual impacto
en distintos sectores, la Huelga General ha dejado claras al menos cuatro cosas:
1.- Los sindicatos mayoritarios todavía conservan capilaridad social y una gran capacidad de
organización y movilización.
2.- Hoy por hoy, constituyen el núcleo de la izquierda socio-política realmente existente en el
Reino de España; sabedor de eso, el PP y la derecha política y mediática ha preferido
lanzarse a tumba abierta a su linchamiento, antes que aprovechar la circunstancia de la
Huelga General para librarse a una táctica convenienciera de desgaste definitivo del gobierno
Zapatero. El PP cuenta con ganar las próximas elecciones generales y una de las primeras
tareas estratégicas sería poner en práctica la gran reivindicación de la patronal: el
desmantelamiento de lo que queda del llamado estado de bienestar y el renovado ataque a
los derechos de la clase trabajadora. Las derechas española, vasca y catalana solamente
tendrían un enemigo resistente a estos planes, los sindicatos.
3- Poseen casi en exclusiva el potencial organizado para la imprescindible coordinación
internacional de la resistencia organizada a los planes de austeridad y ajuste neoliberal,
expresión del ataque sin precedentes lanzado por una pequeña aristocracia financiera
mundial (eufemísticamente llamada “mercados”) y sus cómplices políticos, mediáticos y
académicos contra la soberanía democrática de los pueblos.
4.- Las fuerzas sindicales, es decir, el núcleo de la izquierda socio-política realmente
existente en el Reino de España, carece ahora prácticamente de representación política
parlamentaria. Sólo una ínfima minoría de diputados en las Cortes españolas (los de IU-ICV,
ERC, BNG y Nafarroa Bai: mucho más de un 15 % del sufragio popular, pero mucho menos
de un 5% de los escaños parlamentarios) se han opuesto a las medidas de austeridad y
contrarreforma social del Gobierno y han apoyado más o menos resueltamente la posición
sindical (y la Huelga). Los diputados del PSOE, el 60% de los cuales están sindicalmente
afiliados a la UGT, votaron en bloque conforme al último capricho de los “mercados”, no
según la posición de su sindicato, ni de acuerdo con el programa por el que habían sido
elegidos en su día como candidatos del PSOE (“defensa de los derechos sociales”). (Sólo
hubo una excepción: la del antiguo secretario general de CC.OO Antonio Gutiérrez, que se
abstuvo.)
Dificultades y logros de la convocatoria
Así pues, la huelga general del 29 de septiembre –precedida de la que había tenido lugar en
Euskadi el pasado 29 de junio, convocada por los sindicatos abertzales y apoyada por CC
OO— no puede entenderse sino como el primer episodio del nuevo ciclo de conflicto social
abierto por el giro económico de austeridad neoliberal del gobierno del Reino el 9 de mayo.
Un ciclo que dependía para arrancar del éxito de la huelga general del 29 de septiembre, con
el que la clase obrera recobraba su autonomía social frente al gobierno Zapatero. Se puede
augurar que será largo y tenso, con avances y retrocesos, y que se proyectará más allá de
las elecciones legislativas de 2012.
La convocatoria de huelga general venia precedida de seis meses de conflictos sectoriales,
especialmente en el transporte, de resistencias a las reducciones de plantilla industriales, y
de movilizaciones contra los recortes presupuestarios en la sanidad y la educación,
competencias transferidas a las Autonomías y gestionadas de manera privada a través de la
concertación. La mayoría de estos conflictos, y de manera muy destacada la huelga de las
administraciones públicas centrales el 8 de junio, se habían saldado con movilizaciones
débiles y derrotas. Las direcciones de CCOO y UGT eran conscientes de la inercia enervante
de una cultura sindical de más de siete años de diálogo social y negociación de conveniosmarco
sectoriales acompañados de una muy escasa movilización. También tenían muy
presente la presión desmovilizadora ejercida por un hinchado volumen de más de cuatro
millones de parados, uno de cada cinco trabajadores. Pero a pesar de todas las vacilaciones
y del pánico a las consecuencias de un fracaso en el terreno esencial de la representatividad
sindical y de la negociación colectiva, la decisión de convocar la unahuelga general ha
supuesto cruzar un rubicón de difícil marcha atrás, un paso que habría resultado poco menos
que imposible sin la unidad sindical forjada previamente.
La unidad sindical ha sido también fundamental para el éxito de una Huelga General
convocada por CC OO y UGT, pero a la que se han sumado también, contribuyendo de
manera importante en algunos sectores o territorios, CGT, CIG, ESK, SAT-SOC y otras
organizaciones sindicales menos representativas. La unidad del frente trabajador organizado
se ha materializado ante todo en los piquetes y en las manifestaciones, y sería deseable que
tuviera también su reflejo en el nivel de las direcciones sindicales. Pero en la Comunidad
Autónoma Vasca, la decisión de no secundar el paro de ELA y LAB, con argumentos
difícilmente aceptables, ha supuesto un duro golpe a la unidad de acción sindical en el
conjunto del país y ha limitado en Euskadi el alcance de la huelga, enfrentando entre sí a los
trabajadores en un momento decisivo [2].
El gobierno Zapatero intentó, desde el anuncio de la huelga general en junio, dividir a sus
convocantes, condenarla al fracaso antes de que tuviera lugar asegurando que no rectificaría
su política de ajuste y endureciendo la contrarreforma laboral en el trámite parlamentario. En
las semanas precedentes, tras el parón del verano, intento una “salida pactada” del
enfrentamiento con los sindicatos. Por un lado, sacando partido de la inseguridad y el temor
ante el reto que verosímilmente sentían las direcciones sindicales, negoció unos servicios
mínimos que suponían a la vez evitar la paralización del país, limitar el enfrentamiento con
los piquetes, y transferir una parte de la responsabilidad política de lo que ocurriese a los
gobiernos autonómicos del PP, los cuales decretaron sin negociación unos servicios que de
mínimos no tenían sino el nombre, sobre todo en Madrid. Por otro lado, aun reiterando la
inutilidad de la huelga en lo tocante a los objetivos declarados de la misma, el gobienro
Zapatero ofreció abrir el “diálogo” sobre pensiones, negociación colectiva y políticas de
empleo, en una burda táctica de palo y zanahoria inmediatamente rechazada por Méndez y
Toxo. (Dentro de esta estrategia de descalificación de la huelga hay que señalar la actitud de
la Generalitat catalana en relación con los ocupantes del Banco Banesto en la Plaza de
Cataluña de Barcelona –que acabó en los enfrentamientos más duros de la jornada—,
además de la intimidación a un piquete con siete disparos al aire ante las instalaciones de
EADS-CASA en Getafe, Madrid.)
El suicidio político de Zapatero y sus consecuencias económicas
Ante la advertencia de CC OO y UGT de que Zapatero se está suicidando políticamente,
arrastrando consigo al PSOE y la izquierda institucional en general, diríase que éste se ha
limitado a aceptar su autoinmolación con la fe de un converso: "Sería poco responsable si no
estuviese atento a los mercados porque, a pesar de que juegan a la lógica del beneficio, son
los que financian nuestros gastos en políticas de escuelas o carreteras; por tanto,
necesitamos una carta de presentación de nuestras cuentas (…) No voy a abdicar de mi
responsabilidad cuando tengo perfectamente claro lo que necesita el país, decisiones duras.
Pero de aquí a cinco años se verá que hicimos lo que teníamos que hacer" (El País, 2-10-
2010).
Esa “atención a los mercados” le esta costando al PSOE una caída libre en expectativa de
voto, mayor aún que la experimentada por Aznar a cuenta de su aventura bélica en Irak. Tras
el debate del estado de la nación en julio y antes de la huelga general, la diferencia con la
intención de voto al PP era de 8,6 puntos. Ahora se sitúa en 14,5 puntos, con una caída en
un solo mes de 4,5 puntos porcentuales, lo que situaría al PSOE en una expectativa de voto
del 28, 5% cuando obtuvo en las elecciones de marzo del 2008 el 43,87% de votos (El País,
3-10-2010)
Es seguramente verdad lo que dijo Toxo, el secretario general de CCOO, quien, preguntado
en vísperas de la huelga por el posible suicidio sindical en caso de fracasar ésta, respondió
que quien ya se había suicidado al alienarse de esa forma al núcleo de su base social era el
gobierno de Zapatero. Pero alienarse las propias bases no será el único precio a pagar por
el inopinado giro de 180 grados experimentado por la política social y económica del
gobierno español tras las presiones recibidas en la reunión del Ecofin del pasado 9 de mayo.
La verdad es que esa política es catastrófica se mire como se mire.
* Si se mira desde el punto de vista puramente macroeconómico, es una política procíclica y
depresora de la demanda efectiva, política que, lejos de corregirlos o aun mitigarlos,
agravará los principales problemas económicos del país: se seguirá destruyendo empleo,
seguirán cerrando empresas, no mejorará la situación crediticia de las familias y las
pequeñas empresas, y para colmo, empeorarán los problemas de déficit público al disminuir
una recaudación fiscal que no mejorará en lo más mínimo con el ridículo aumento del IRPF a
los ingresos (asalariados) más altos [3]…
* Desde un punto de vista puramente contable, al buscarse enjugar a toda costa el déficit
público (sin una apreciable mejora de la capacidad exportadora de la economía española)
quedará prácticamente intacto, o aun se agravará, el principal problema económico y social
del país, que es el del enorme volumen de la deuda privada de las familias y las empresas
españolas (2,2 billones de euros, más del doble del PIB). Por razones de elemental lógica
contable, cualquier política tendente a reducir el déficit público (si no va respaldada por un
vigoroso crecimiento de la capacidad exportadora, cosa que es prácticamente imposible en
una Europa a la que se ha impuesto simultáneamente la austeridad fiscal y la depresión
procíclica de la demanda efectiva) se atravesará en el camino del imprescindible
desapalancamiento de la economía (es decir, de la reducción del endeudamiento privado),
empujándola más y más a la trampa de la deflación por sobreendeudamiento.
* Si se mira desde el punto de los costes laborales, los cuales –eso se arguye— restan
competitividad a la economía española e impiden el desapalancamiento de la misma por la
vía de la mejora de su balanza exterior, el desacierto de la política económica del gobierno,
plegado ahora de la forma más torpe e ignara concebible a los dogmas del neoliberalismo,
resulta patente: los costes laborales no se rebajan seriamente con una contrarreforma del
mercado de trabajo reducida en esencia a abaratar el despido o aun a presionar todavía más
a la baja los salarios debilitando la negociación colectiva. Pues el principal ingrediente de los
costes laborales en nuestro país es el artificial aumento del coste general de la vida
dimanante, o bien del comparativamente bajo gasto social del Reino de España (en donde,
por ejemplo, el peso de la enseñanza privada, frente a la pública, se acerca al 35%, contra
menos de un 15% en Francia, Alemania o Bélgica); o bien de la increíble inflación de activos
propiciada políticamente en las últimas décadas por las políticas de gobiernos del PP y del
PSOE (comenzando por la Ley Boyer). Esas políticas de “capitalismo popular” e ilusoria
prosperidad generaron una enorme burbuja inmobiliaria que atrapó en la deuda al grueso de
la población trabajadora española: una familia media española hipotecada destina hoy cerca
de un 50% de su salario al servicio de la deuda (¡el gasto de las familias españolas en
vivienda se dobló entre 2000 y 2007!). Ese aumento innecesario e improductivo del coste de
la vivienda, que ha ido de la mano de los peores fenómenos de corrupción política y
destrucción del medio ambiente y que no tiene ejemplo en otros países de nuestro entorno
europeo, no es, al final, sino una fuente de renta económica directa y vampirescamente
extraída de la población trabajadora y de los sectores productivos de la economía española
por los sectores inmobiliario y financiero, nacional y extranjero. Una renta, encima, y dicho
sea de pasada, desgravada fiscalmente.
Los presupuestos del 2011, presentados por la ministra de economía Elena Salgado como
“un presupuesto de izquierda que se puede defender perfectamente”, es un compendio de
todo lo anterior. Tendremos tiempo en próximas entregas de analizarlo en detalle. Por el
momento, baste señalar que entre sus cálculos de lechera milagrera se incluye el que la
reforma del mercado laboral tendrá un impacto al alza del PIB (mágico, o por efecto de los
despidos) de entre 2,9 y 4 puntos por mejora de la productividad; que la tasa de paro se
mantendrá en el 19,8%; que la revisión al alza de las pensiones mínimas en un 1% tendrá
lugar con una inflación del 1,3%; que 1,6 millones de trabajadores en paro carecerán de
subsidio de desempleo; que la partida para la dependencia disminuirá en un 5,2%; que la
inversión en infraestructuras caerá un 40%; que la emisión de deuda se reducirá un 35%,
aunque el gasto financiero por pago de la misma crezca en un 18%. En fin, que los ingresos
fiscales solo aumentarán en un 5,7%, porque se abandona cualquier esfuerzo de reforma
fiscal progresista en relación con las SICAV, con los impuestos sobre las rentas de capital,
sobre los beneficios empresariales o sobre las transacciones especulativas. La avilantada
desfachatez de este proyecto de “izquierdas” llega al extremo de asegurar que, con estas
cifras, el 58% del presupuesto se destina al gasto social. En realidad, sin ninguna corrección
cuantificable desde hace siete años, el gasto social del Reino de España se sitúa en el
41,1% del PIB, cuando la media europea es del 46,8%, lo que nos coloca en el puesto
numero 20 de los 27 estados miembros de la UE. La conclusión, no por obvia, merece ser
explicitada: la ministra de economía, principal ejecutora de esta ofensiva neoliberal contra las
clases trabajadoras desde el 9 de mayo, no sólo carece de la menor noción de lo que se un
programa de “izquierda”, sino que su incompetencia técnico-profesional es un obstáculo
directo para la recuperación económica y del empleo.
“Una ley se cambia con otra ley”; un proyecto político, con otro
Sería ingenuo pensar que la huelga general del 29 de septiembre, con todo lo que ha
supuesto de éxito, pero también con sus limitaciones, puede modificar la relación de fuerzas
hasta el punto de obligar al Gobierno Zapatero a la rectificación exigida. Cambiar la ley de la
contrarreforma laboral por otra menos dañina a los intereses de la mayoría de los ciudadanos
supone un proceso de mediaciones sociales y políticas. Merced a la alianza parlamentaria
con PNV y Coalición Canaria, Zapatero ha conseguido un año más de gobierno –no de
estabilidad parlamentaria—, hasta el siguiente debate presupuestario. Mientras se
desploman las expectativas de voto del PSOE, y crecen la abstención y el desengaño
asqueado a falta de una alternativa política de izquierdas, el calendario no ofrecerá respiros:
primarias en Madrid para designar al candidato autonómico socialista, hoy 4 de octubre;
cambio de gobierno; y elecciones catalanas el 28 de noviembre, antes de iniciar la campaña
para las elecciones municipales y autonómicas de primavera del 2011.
Con una base social en acelerado proceso de erosión y en la que cada vez es más difícil
sostenerse con espásticas e inopinadas piruetas funambulescas, el gobierno Zapatero se
halla a merced de las presiones y alianzas circunstanciales que pueda forjar, no por la
capacidad hegemónica de un proyecto político propio, sino con maniobras y puñaladas de
pícaro, subordinado al albur de otras fuerzas políticas, señaladalmente las derechas
nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. Al mismo tiempo, como han puesto de
manifiesto hoy mismo las primarias socialistas en Madrid, se ha abierto la sucesión de
Zapatero, cuya sustitución antes o después de las elecciones legislativas de 2012 se ha
convertido en un politikum de la mayor urgencia táctica ante el visible desmoronamiento de
su proyecto político.
En este tablero, el principal jugador es Alfredo Rubalcaba. Los mismos argumentos que
adelantó contra la candidatura en Madrid de Tomás Gómez –esto es, que las encuestas
daban más posibilidades a Trinidad Jiménez— serán esgrimidas en su momento ante
Zapatero. Con la ventaja de que, a diferencia de Tomás Gómez en Madrid, Zapatero ya no
tiene un proyecto político y esta en caída libre en la valoración de su gestión y en
expectativas de voto. Rubalcaba aportará en su momento un proyecto político alternativo
para reconstruir un PSOE socio-liberal, un proyecto fundado en la alianza con CiU, PNV y
CC, a costa de sacrificar a los PS de Catalunya y Euskadi –ya desde el gobierno central, ya
desde la oposición—. Contará con el acervo personal fraguado en la derrota de ETA y la
“pacificación” del País Vasco. Cómo habrán de participar de ese proyecto otras figuras y
apparatchiki del PSOE central es ya objeto de una durísima batalla interna que ha
comenzado como un choque de aparatos en Madrid, Cataluña y Euskadi, pero que tiende a
evolucionar también hacia una polarización social y política en el seno del PSOE, con la
presión externa de los votantes socialistas en UGT y CC OO.
El primer efecto de la Huelga General dentro del PSOE: la victoria de Tomás Gómez en las primarias de Madrid
La victoria de Tomas Gómez en las primarias de Madrid celebradas hoy, 4 de octubre, por
52% contra 48%, es el primer efecto político de la Huelga General dentro del propio PSOE.
Habrá tiempo para un análisis mas detenido, pero Gómez, representante del cinturón obrero
de Madrid, ha ido elaborando una alternativa a Esperanza Aguirre, la “lideresa” del ala más
liberal-conservadora del PP, una alternativa cada vez más cercana a los sindicatos. Su
contrincante, la ministra de sanidad Trinidad Jiménez, designada por el aparato central de
Ferraz, por el contrario, contaba con el apoyo del sector mas socio-liberal del partido, que
sufre así una importante derrota en el comienzo mismo del debate sucesorio en el PSOE..
El postzapaterismo ha comenzado ya, por lo tanto, con una conflictividad creciente en todos
los sectores socialistas, en pugna abierta por la definición de contornos y relaciones de
fuerzas. Con la crisis abierta en el seno del PSOE, cada vez es menos hipotética la amenaza
de una victoria de la derecha, empezando por CiU en Cataluña y siguiendo con el PP en el
Gobierno central. Esa derecha tendrá que administrar una creciente crisis social dimanante
de una incierta y, en el mejor de los casos, lenta, débil y desigual recuperación sin empleo de
la crisis económica del 2007-2010. Ese es el escenario al que más verosímilmente tendrá
que enfrentarse un nuevo proyecto de izquierda empeñado en hacer frente al neoliberalismo
y capaz de defender las conquistas democráticas y sociales.
El escenario que se vislumbra para la izquierda
Lo primero, se calla por sabido, es mantener la resistencia sindical contra todas y cada una
de las políticas de ajuste y contrarreforma neoliberales. Los sindicatos no ganarían nada
entrando a negociar ulteriores detalles de la loca e incompetente aventura contrarreformista
en que se ha embarcado este gobierno. Si los sindicatos quieren conservar y aun acrecer su
capacidad de movilización y su crédito ante la población trabajadora y ante la opinión pública
españolas, si han de mantenerse como el núcleo vertebrador de la izquierda socio-política de
la izquierda, no pueden sino mantenerse ahora en una postura de firme exigencia de rectificación radical de la política económica y social del gobierno,
conforme a las motivaciones programáticas mínimas que llevaron a la Huelga General; esto
exige la retirada inmediata de la reforma laboral antes de entrar a cualquier otra negociación
por parte de los sindicatos, y prepararse en serio para un largo período de conflicto social, sin excluir la convocatoria, incluso a corto plazo, de otras Huelgas Generales. Una cosa es segura: en ese empeño, no estarán solos en Europa, como lo muestran, entre muchos otros, los ejemplos de Francia y de Grecia.
La derecha política no tiene alternativa económica y social propia al gobierno Zapatero. Se
limita a esperar a que éste le haga el trabajo sucio, para ganar las próximas elecciones
generales como las ha ganado siempre la derecha en este país: gracias a la abstención
masiva de una izquierda social deprimida y/o asqueada, huérfana de alternativa política seria
o creíble al alcance de su sufragio.
Buena parte del drama económico y social español se explica por lo que algunos periodistas
ingeniosos han llamado la intervención del “Directorio europeo”. Atrapado en el euro,
habiendo tenido que renunciar a la soberanía monetaria, el Reino de España tiene ahora que
renunciar a la soberanía fiscal, y se halla atrapado en una política fiscal común europea que
seguramente no conviene a medio plazo ni a sus promotores y beneficiarios inmediatos
(Alemania, señaladamente), pero que empuja ya al grueso de los países de la eurozona a
una carrera hacia el abismo que augura un verdadero desastre para nuestro país.
Sería deseable que las fuerzas sindicales y las distintas organizaciones de la izquierda social
y política se prepararan desde ahora:
* Para colaborar activamente en la articulación de una alternativa política unitaria o al menos
confederada para la deprimida y asqueada izquierda social de este país. Sólo eso podría
evitar el triunfo electoral de una derecha política que recoja los frutos del trabajo sucio de
Zapatero, o cuando menos condicionar ese triunfo con una capacidad de resistencia cultural,
social e institucional que permita sostener el pulso al neoliberalismo y reconstruir una
relación de fuerzas más favorable para las clases trabajadoras.
* Para contribuir a la coordinación político-social a escala europea de la lucha por una política
económica y fiscal común expansiva y anticíclica, que aleje a la UE del abismo al que
aceleradamente la empujan unas elites tan incompetentes como plegadas a los dictados de
los “mercados”.
Las políticas neoliberales del 9 de mayo se adoptaron en el seno del ECOFIN, con una
Comisión, un Parlamento Europeo y con 23 gobiernos de los 27 estados miembros
conservadores y neoliberales, por no hablar del mandato y de la orientación ideológica
monetaristas del Banco Central Europeo. El ciclo de resistencia social a las políticas
neoliberales iniciado en 1995 con la huelga del sector público en Francia y que se extendió a
la mayoría de los estados miembros hasta el 2007 no fue en su día capaz de frenar los
programas neoliberales de la UE, ni de obtener mejoras salariales –no, desde luego, en
Alemania—, a pesar del ciclo económico expansivo, aunque sí de bloquear el proyecto
constitucional neoliberal europeo. Pero las huelgas generales en Grecia y Francia, las
movilizaciones sectoriales en Alemania, Portugal, Bélgica y Rumania desde este verano y las
que se anuncian en Irlanda, anuncian el comienzo de un nuevo ciclo de luchas sociales en
Europa, cuyo primer paso de coordinación ha sido la jornada del 29 de septiembre.
NOTAS: (1) Cuesta resistirse a la tentación de señalar la curiosa evolución de PRISA frente a Zapatero, teniendo en cuenta además su situación empresarial en manos de un fondo de inversiones extranjero y los favores recibidos en la asignación de la publicidad institucional. Compárese la encuesta de Metroscopia publicada en la edición de El Pais de 4 de julio con el título “Huelga minoritaria, pero justificada”
(http://www.elpais.com/articulo/espana/Huelga/minoritaria/justificada/elpepiesp/20100704elpepinac_2/Tes) con la elaborada el día después de la huelga y publicada el 2 de octubre con el título “Sindicatos y Ejecutivo, debilitados tras la huelga general”
(http://www.elpais.com/articulo/espana/Sindicatos/Ejecutivo/debilitados/elpepunac/20101003elpepinac_2/Tes). El cambio de planteamiento del cuestionario es evidente y busca a la vez satisfacer estrategias sucesorias en el PSOE como encontrar un terreno de encuentro con las tesis oficiales del PP. En el mismo sentido la evolución de algunos de los editorialistas más característicos, en una orientación que empieza a impregnar al conjunto del grupo PRISA. (2) ver en este sentido el cruce de cartas entre las direcciones de ELA y LAB por un lado y CC OO y UGT de Euskadi por otro que se incluyen en esta entrega semanal de Sin Permiso. Cuando las posibilidades de un desbloqueo del proceso de paz en Euskal Herria vuelven a estar presentes, pero se corre el peligro de falta de interlocución en el Gobierno central por intereses en el debate sucesorio de Zapatero en el PSOE, la división de la clase trabajadora vasca en la huelga general del 29 de septiembre es doblemente peligrosa para la resistencia al neoliberalismo y para avanzar en la resolución democrática y ciudadana del proceso de paz, que necesitan una nueva convergencia unitaria. (3) Sobre las alternativas de reforma fiscal progresista, es importante el trabajo realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda – Gestha, que se puede consultar en su página web (http://www.gestha.es/)
Antoni Domènech es el editor de SinPermiso Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Consejo de Redación.
www.sinpermiso.info, 3 octubre 2010
