Partido Comunista Colombiano :Caminos de unidad para enfrentar los retos de la coyuntura

Documento de discusión para el pleno del Comité Central de mayo de 2013.

El curso de la situación muestra el avance del diálogo, de importantes eventos de participación social y de movilizaciones populares esperanzadoras de gran incidencia en la opinión. El pulso entre el poder dominante y las fuerzas sociales que pugnan por el cambio muestra un aislamiento cada vez más marcado de quienes se oponen a la solución política, una ampliación de las vertientes ciudadanas y populares que la apoyan, pero a la vez un endurecimiento de la politica de clase, de la represión y fragilización de los derechos humanos. Hace falta un mayor acopio de fuerzas y una mayor decisión de la movilización de masas en franco despertar.

 En estas condiciones, entramos en una coyuntura que exige definiciones, iniciativas y concreción de realizaciones enunciadas. Se trata de definiciones para la coyuntura electoral, en un contexto de diálogos de paz en La Habana y de movilizaciones sociales en ascenso, factores todos interconexos. Entramos en un momento clave de la batalla de ideas sobre la importancia decisiva de lucha electoral para el avance del proceso en su conjunto.


El presente documento puntualiza el examen de la situación y de sus perspectivas y presenta las propuestas del PCC, sus orientaciones y compromisos para la coyuntura.


1 NUEVAS  AMENAZAS IMPERIALISTAS EN LA SITUACIÓN INTERNACIONAL.


El curso de la situación colombiana no puede comprenderse adecuadamente sin considerar algunos aspectos cardinales del ambiente internacional.


El primero y más importante es la persistencia de la crisis capitalista mundial como crisis global, con las características que analizó el 21 Congreso del PCC. En ella no se vislumbra una salida a corto plazo, menos aún estructural, esto es de larga duración. Como es sabido, la crisis se manifiesta con fuerza en el continente europeo. Las soluciones capitalistas de la crisis muestran la profundidad de la misma. Resalta en especial la política de austeridad o doctrina Merkel como principal remedio, con su consecuencia de despidos masivos, reducción de salarios, derogación de garantías sociales y deconocimiento de los reclamos masivos de la población. Las derechas en Grecia, Italia, España, Portugal y Chipre aplican el mismo recetario. La socialdemocracia francesa en el gobierno intenta imponer una versión propia de austeridad. La crisis capitalista en la UE está aún en pleno desarrollo y pone en cuestión el andamiaje monetario del euro, la solidez de la integración y el Pacto social de la segunda post guerra con sus ndos componentes básicos: el Estado de bienestar y las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas.


En el marco de la crisis la alianza atlántica y su brazo armado la OTAN promovió distintas acciones para sofocar la “primavera árabe” como la agresión a Libia, los ensayos de intervención en Siria, las amenazas a Irán y el apoyo a  los regímenes reaccionarios de Qatar, Yemen y Arabia saudita. Estados Unidos y el régimen israelí apoyan a grupos opositores y arman aparatos de mercenarios. Los ataques directos de Israel a Siria agudizan la tensión en el Oriente medio que se amplifica con las amenazas a Irán.


El intervencionismo militar de Estados Unidos, después de la agresión a Libia, se ha traducido en una militarización neocolonial del continente africano particularmente con el traslado del Africom (Comando del ejército estadounidense para África) a Trípoli. El desembarco de tropas francesas en Malí para sofrenar los empeños desestabilizadores y divisionistas en este país, confirma, sin embargo, esta peligrosa tendencia.


Un segundo aspecto es el rumbo estratégico del imperialismo estadounidense que se expresa en la “Alianza Transatlántica EEUU-UE sobre comercio e inversiones” y la “Alianza Transpacífica” en el marco de la cual se ubica el llamado “Arco del Pacífico” al que se articulan Colombia, Chile, Perú, países de Centroamérica que han suscrito TLCs con Estados Unidos y el propio TLCAN. Este grupo prevé su reunión cumbre en Cali, el 24 de mayo próximo, en sintonía con el proyecto de Obama de un área que reafirme el poder estadounidense en el Pacífico. Independientemente de puntos particulares, el propósito de estos acuerdos es desarticular los proyectos nacionales y los bloques regionales independientes como Mercosur, Unasur y Celac, así como confrontar el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) es decir las potencias intermedias que hoy compiten con los focos imperiales. Con ello hace juego la revisión de la doctrina militar que pasa a ubicar la región Asia-Pacífico como el punto principal de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Todos estos pasos muestran el objetivo explícito de recuperar su hegemonía económica y política.


Especialmente delicada es la situación en la RDPC contra la que se han incrementado las amenazas. Frente a los ejercicios militares provocadores en cercanía de sus aguas territoriales por Estados Unidos y Corea del sur, la RDPC adelanta un intenso reforzamiento defensivo en su propósito de una reunificación pacífica del país. El gobierno norcoreano ha hecho gestos de distensión y reclama de la ONU la suspensión de las medidas de bloqueo comercial impuestas por el no acatamiento a la inspección sobre producción de armamento nuclear.


Un tercer aspecto implica directamente la situación en América Latina. Tras las declaraciones del secretario de Estado Kerry en que retoma la indignante calificación de nuestro continente como “patio trasero” de Estados Unidos la gira de Obama por Centroamérica tocó dos puntos clave: el “arco del Pacífico” y el respaldo al proyecto de ultraderecha de desconocer los resultados electorales de Venezuela, con poca audiencia en los gobiernos del área.


Es evidente que existe una contraofensiva de los Estados Unidos y sus aliados hacia los cambios democráticos en el continente cuyos puntos relevantes han sido los golpes de Estado en Honduras y Paraguay. Esa contraofensiva tiene en la mira el proceso bolivariano en Venezuela.


Como señala el Foro de Sao Paulo “El ciclo progresista y de izquierda iniciado en 1998 tiene fuerza porque no es único ni uniforme, se desarrollando sobre distintas formaciones históricas y sociales, con fuerzas que tienen horizontes estratégicos diferenciados, aunque de izquierda, y que poseen niveles de acumulación distintos. Por eso conseguimos vencer en países con distintas historias, culturas, estructuras sociales y políticas. Pero la pluralidad de estrategias nacionales debe combinarse, cada vez más, con una estrategia continental basada en la integración regional y con la definición de características comunes en los modelos alternativos en marcha”. Pero el imperialismo sabe que la pieza clave de los procesos integracionistas y de unidad latinoamericana la representa el proceso venezolano y pone sus apuestas en la terminación de dicho proceso. La desaparición del principal dirigente de la revolución en pleno desarrollo de una coyuntura política difícil ha afectado la fuerza dirigente al frente del gobierno que debe asumir y resolver agudos retos. Lo viene haciendo el presidente Maduro en la defensa de la legitimidad del sistema y del gobierno, en los esfuerzos por enfrentar la inflación, la devaluación del bolívar y la especulación con las divisas, las manifestaciones de desabastecimiento, la manipulación por distribuidores privados del fluido eléctrico, que afectan directamente a la población y los fenómenos de corrupción que exigen medidas severas y el control colectivo de

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 Documento Base del XIX Encuentro del Foro de São Paulo, 8 de mayo de 2013.

una elevada consciencia cívica. Son problemas que requieren de un tratamiento cuidadoso, persuasivo, afianzado en las conquistas de las misiones bolivarianas,sobre la base de la más sólida unidad de las fuerzas que respaldan el proceso.


En el presente, la revolución bolivariana exige el apoyo solidario de todas las corrientes avanzadas, democráticas y populares del continente y del mundo. Un primer obstáculo a vencer es la desinformación y el maridaje de la ultraderecha guerrerista colombiana enemiga del diálogo con la peor reacción venezolana. El monopolio de los grandes medios de comunicación, alineados sin excepción con el proyecto anti chavista, es el principal instrumento de la contraofensiva imperialista. Más que nunca, los enemigos de la paz con justicia social, de nuestra soberanía e independencia, son los enemigos comunes a vencer.


En la medida en que se ha internacionalizado la lucha del pueblo colombiano por una solución política y que numerosos movimientos sociales, partidos y gobiernos se manifiestan en apoyo a los diálogos actualmente en curso en La Habana se amplían el horizonte y la importancia de la actividad política en el exterior a favor de la paz. Debe resaltarse el papel del Foro de Sao Paulo, el Encuentro efectuado el 8 de abril en Bogotá, las valoraciones del GT sobre el actual proceso, la inclusión del tema Colombia en el XIX Encuentro a realizarse en Sao Paulo y el debate adelantado para definir una posición correcta y solidaria del FSP con las fuerzas que defienden la solución política en Colombia. Tambien deben valorarse los esfuerzos logrados en UE junto con la necesidad de unificar criterios de amplitud, coherencia e inclusión para incorporar nuevos aliados, en UE y otros países como Venezuela, Brasil, Argentina que se integren al apoyo a la lucha del pueblo colombiano por la paz, la justicia social, la democracia, la soberanía y la superación del intervencionismo militar estadounidense en Colombia y América Latina.



2 UNA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN DETERIORO. LA RESPUESTA POPULAR.


Al igual que en el conjunto de Nuestra América, la persistencia de la crisis capitalista a nivel mundial, no ha afectado de manera significativa la economía colombiana, hasta ahora. Solamente en el último semestre se ha observado una tendencia a la desaceleración no acentuada del proceso económico. Tal desaceleración parece explicarse más bien por los impactos de la política neoliberal de “libre comercio” y de puesta en marcha de los TLC, que viene afectando –como se esperaba- el aparato productivo industrial y agrario, y acentuando la reprimarización de la economía. Salvo contados renglones de la actividad industrial y algunas empresas, para el conjunto de la industria los impactos a futuro serán devastadores, con la correspondiente destrucción de empleo. En el mismo sentido, se observan los efectos sobre la producción agrícola. La liberación de las importaciones, junto con la continuada revaluación del peso, viene afectando la producción de café, arroz, algodón, cacao, papa, entre otros, y, en general, deteriorando las condiciones de soberanía y seguridad alimentaria.


A lo anterior se agrega la política de entrega de los recursos naturales al capital transnacional, el cual llega atraído por incentivos extremos y escandalosas exenciones tributarias. Aunque en los primeros meses de este año, se observó una reducción del ritmo de crecimiento de la inversión extranjera, debe señalarse que en 2012 tal inversión superó los 15.000 millones de dólares, situándose en proporción como una de las más altas de la región al considerar el tamaño de la economía. Los aumentos espectaculares de esta inversión se han visto acompañados de aumentos similares en las remesas de utilidades por parte de las transnacionales, evidenciándose su carácter expoliador, al que debe sumársele su condición de depredación socioambiental.


La tendencia general de la acumulación capitalista viene produciendo una profunda reorganización territorial, que se ha constituido en fuente inagotable de contradicciones y conflictos entre en capital y el trabajo y entre éste y la naturaleza en sus más variadas formas. El análisis político de la acumulación, entendida ésta también como un momento de la lucha de clases, permite explicar la dinámica de las luchas, de las resistencias y de la producción social del territorio, así como la incorporación en ellas de un sujeto político más transversal, expresivo justamente de la forma territorial que asume el capital.


La porosidad territorial de acumulación capitalista es al mismo tiempo la porosidad de las luchas, y explica su relativa dispersión y asincronía, pero es al mismo tiempo una fuente inagotable de continuidad. La etapa actual de la acumulación muestra que estaremos en presencia de continuidades en la resistencia y la movilización, lo cual impone retos organizativos y de persistencia en la unidad al accionar de los comunistas. La dispersión de las luchas en sí misma no es un factor negativo. Lo negativo es que éstas no se logren juntar y sincronizar. Ahí está precisamente el reto que enfrentamos, en juntar las rebeldías, sincronizarlas y proyectarlas en la forma de proyecto alternativo unitario con vocación de poder.


Las recientes luchas de los campesinos cafeteros y de los productores de papa, la persistencia de las luchas de las nuevas generaciones de clase obrera en el Cerrejón, Cerromatoso, Pacific Rubiales y otras movilizaciones contra empresas transnacionales, los movimientos socioterritoriales contra la expropiación de territorios, las luchas del proceso de zonas de reserva campesina, la persistencia en la defensa del derecho a la salud y la educación, las demandas por una redistribución más equitativa de las regalías, son indicadores del momento histórico de la contradicción de clase, que involucra a sectores cada vez más amplios de las clases subalternas. Hay que destacar las resistencias a la contra reforma pensional, las movilizaciones de la alianza nacional por la salud Ansa y los debates de la senadora Goria Inés Ramírez por la reforma a la salud.


También expresan la forma como el capital las enfrenta, combinando la búsqueda de acuerdos focales con el ejercicio de la represión y la criminalización.  Pero en lo esencial, dando continuidad y profundizando su política, como lo demuestra la reforma tributaria, concebida para compensar los incentivos al gran capital con el castigo impositivo a los sectores medios de la población, o los proyectos de reforma a la salud y las pensiones, actualmente en trámite, que están diseñados en lo fundamental para garantizar la rentabilidad y reorganizar el negocio capitalista en esos campos. En el mismo sentido, debe considerarse el “Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)”, anunciado recientemente, que en sentido estricto da continuidad y busca concretar políticas del Plan de Desarrollo, mediante la disposición adelantada de recursos para agilizar obras de infraestructura (un talón de Aquiles de la acumulación capitalista), y por esa vía contrarrestar la desaceleración del crecimiento, estimular la generación de empleo, considerando que se mantienen registros superiores al promedio de la Región.


A lo anterior se agrega la política de vivienda de interés prioritario, con la que el Gobierno de Santos da continuidad a las políticas de asistencia social de los gobiernos neoliberales de las últimas décadas, concebidas para la regulación social de la pobreza y la construcción de base social favorable al proyecto de dominación de clase. Igualmente, el estímulo al endeudamiento regulado de los hogares, principal sostén de un bienestar ficticio, que deshace el consumo basado en el ingreso, y lo modela con fundamento en las deudas, extendiendo de esa forma el dominio del capital financiero a la vida cotidiana, para reducir trayectorias de vida al pago de deudas. Se trata de un modelo que ha hecho agua en otros lugares del planeta en el marco de la actual crisis capitalista. Al mismo tiempo, merece la mayor atención, no solo por el potencial de crisis que acumula, sino por las posibilidades para la acción y la movilización política en los espacios urbanos.



3 EL PROCESO DE DIÁLOGO Y SU IMPACTO EN LA SITUACIÓN NACIONAL


Los diálogos de La Habana se han convertido en un referente ineludible del proceso político colombiano. Desde sus inicios, se apreció que ellos habrían de incidir de manera significativa sobre las configuraciones del mapa político del país, tanto en lo referido a las fuerzas políticas e intereses en contienda, como en lo concerniente a los temas medulares del debate político. La apertura de la posibilidad de una solución política al conflicto social y armado, aspiración sentida y disputada por el movimiento social y popular después de la ruptura de los diálogos del Caguán en medio de la arremetida de la política guerrerista de la mal llamada seguridad democrática, representa el hecho político más importante de la última década. Se trata de un logro del mayor significado, con el que ha estado comprometida la política de los comunistas. Dicho logro ha puesto en evidencia los límites históricos de la solución militar que han pretendido imponer las clases dominantes en largas décadas de confrontación armada.


No se está en presencia de unos diálogos provocados por la derrota política y militar de la guerrilla, conducentes a su rendición, desmovilización y reinserción en la vida civil, sino de un escenario en el que -por voluntad expresa de las partes- se ha abierto un compás para el ejercicio pleno de la política. Ello se manifiesta de manera clara en la Agenda pactada que considera en sus diversos componentes el diálogo con la perspectiva de la negociación y el acuerdo, sobre aspectos nodales de las relaciones de poder existentes en el país, tales como el desarrollo rural integral, la participación política, los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la víctimas del conflicto, y las condiciones para la transición política hacia una paz estable y duradera, entre otras. En lo esencial estamos frente a la posibilidad de redefinir, a través de un acuerdo de paz, la constitución histórico-concreta del poder social, así como de sus mecanismos y dispositivos de reproducción. Como tampoco se trata de un proceso, basado en la victoria de las fuerzas insurgentes, la posibilidad que se viene desatando se refiere en lo fundamental a la definición de nuevas relaciones de poder que permitan agregar a la democratización política, económica y social del país, y de esa manera contribuyan a sentar las bases de una paz con justicia social.


Para avanzar en la perspectiva de la solución política, más allá de la dinámica propia de la Mesa de diálogos, se requieren dos condiciones, con las que los comunistas comprometen plenamente accionar político en el momento actual:


Primera, derrotar políticamente la idea de la solución militar que en la actualidad tiene dos expresiones con matices distintos. Por una parte, la representada por las fuerzas militaristas y de ultraderecha contrarias a cualquier intento de solución política e identificadas con un  concepto de “solución final” basado en el doblegamiento pleno o el exterminio del enemigo terrorista. Por la otra, la expresada en las ambivalencias aparentes de la política del Gobierno de Santos, mediante la cual se aspira a producir definiciones en la Mesa de diálogos con fundamento en la presión o en golpes militares que limiten o anulen el accionar insurgente. De ahí la reiterada renuencia frente las propuestas del movimiento social y popular y de la propia insurgencia acerca de un cese bilateral de fuegos. Esta visión se concreta en la afirmación que “la paz es la victoria”.


Segunda, en estrecha relación con la anterior, generar las condiciones para una apropiación social de los diálogos, que asuma los rasgos de un amplio movimiento social y por la solución política y la paz con justicia social, capaz de producir un cambio en la correlación social de fuerzas. En este aspecto, la unidad y la convergencia de los procesos populares devienen en necesidad. Iniciativas de la Marcha Patriótica como las constituyentes regionales y sectoriales, el Congreso de la Paz del Congreso de los Pueblos, propuestas de paz de País Común, acciones de la Ruta Social común por la paz, y demás actividades del movimiento social y popular y de las organizaciones no gubernamentales, merecen todo nuestro respaldo y esfuerzo para juntarlas y contribuir a superar la relativa dispersión creativa imperante.


El debate sobre el primer punto de la Agenda, el desarrollo agrario integral, reafirmó el profundo significado histórico de los diálogos. Tras lustros de relativo silencio político y académico, la no resuelta cuestión de la tierra volvió al primer plano del debate político del país. Su incontrovertible relación con la naturaleza histórica y el carácter social del conflicto armado se puso en evidencia. La imperiosa necesidad de una profunda reforma agraria integral, concebida en la visión programática de los comunistas como una tarea histórica pendiente, afloró nuevamente desde la Mesa para instalarse en el núcleo de las aspiraciones del pueblo colombiano. Desde luego con los nuevos contenidos que ha dejado la impronta de la acumulación capitalista, basada en el despojo y el desplazamiento, la depredación socioambiental, la desigualdad y la pobreza rural y la entrega de los recursos naturales al capital transnacional, para convertir la producción social del territorio en uno de los ejes de las luchas rurales y agrarias del momento.


A través de los medios de comunicación se ha conocido el documento de 100 propuestas presentado por las FARC-EP en la Mesa de diálogos; en los medios también se han expresado algunas posiciones gubernamentales sobre temas centrales de la Agenda. Igualmente se ha reconocido por las partes que se ha avanzado en la definición y redacción de elementos para un acuerdo en esta materia, aunque persisten diferencias sustanciales. Todo parece indicar, en una lectura juiciosa de los documentos y las declaraciones, que el Gobierno se rehúsa a cualquier afectación de la propiedad del latifundio ganadero improductivo, y que su entendimiento de la democratización de la propiedad sobre la tierra se centra en gran medida en la titulación de baldíos. En este punto, su visión es además muy limitada, como lo ha demostrado el debate sobre el proceso de las Zonas de Reserva Campesina. Antes que reconocer expresamente esta legítima aspiración campesina y contribución al propio proceso de paz, los voceros gubernamentales lo siguen considerando como parte de su estrategia contrainsurgente y le han impuesto un veto de facto, definido por el Ministerio de Defensa y acompañado por el Ministerio de Agricultura con el concepto franquista de “republiquetas independientes”. A lo anterior se agregan las dinámicas de la producción capitalista del territorio que al parecer no quieren ser consideradas en absoluto: la extracción minero-energética, los agrocombustibles, y los tratados de libre comercio entre otros. Las posiciones del gremio latifundista se expusieron como nunca de manera abierta y descarnada, poniendo en evidencia su virulenta resistencia a cualquier posibilidad de democratización de la propiedad.


Del actual ciclo de diálogos, se esperan avances más claros hacia elementos de un acuerdo sobre este primer punto, aunque no debe esperarse un cierre definitivo. El principio de negociación consistente en que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, le concede una relativa flexibilidad a la dinámica los diálogos, permitiendo que los acuerdos parciales, queden incluso abiertos para discusiones posteriores.


Los avances en materia agraria dependerán en gran medida de los agregados del movimiento campesino, de su capacidad de organización y movilización, mostrada de manera ejemplar por las ANZORC. Asimismo, de su articulación con las aspiraciones territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.


La realización del Foro sobre Participación política, para recoger las propuestas del movimiento social y popular y de la sociedad en general sobre el punto 2 de la agenda, posee gran significado. Primero, porque es el resultado de una voluntad expresa de las partes, lo cual es un indicador de diálogos con perspectiva. Y segundo, sobre todo, por cuanto se convirtió en un evento, en el que más allá de las notorias diferencias y los matices, se manifestó el apoyo al proceso de paz de los partidos políticos, de los movimientos sociales y políticos, de la Iglesia,  y de las organizaciones de mujeres,  indígenas, campesinos, afrodescendientes, con la excepción de la agrupación Centro Democrático, que hace recurrentes esfuerzos por nuclear a los enemigos del proceso. Una vez se inicie en La Habana la discusión sobre este segundo tema, debe esperarse que éste se ponga, como en el caso del primero, en el centro de la atención nacional. Y no puede ser de otra manera, pues se trata de otro de los asuntos cardinales de la vida política del país: La organización institucional del poder y la concepción de democracia. El Foro puso una vez más en evidencia el compás que abren los diálogos para avanzar hacia la mayor democratización del país. También evidenció, en lo que se refiere a las elaboraciones programáticas de la izquierda, la necesidad de superar enfoques meramente institucionales de la participación política, frecuentemente reducidos a la participación electoral. La rica experiencia del movimiento social y popular, el desarrollo de nuevas prácticas y repertorios de participación desde abajo requiere no solo ser teorizados, sino diseñados en la forma de propuestas concretas.


 En el debate político actual, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente viene adquiriendo fuerza. Aunque el tema se ha puesto en discusión como el mecanismo más idóneo para la refrendación de un eventual acuerdo de paz, lo cual es desde luego fundamental, su valor político posee un mayor alcance. En realidad, lo que están mostrando los diálogos de La Habana es el agotamiento de un ciclo histórico de organización del poder, expresado en los diseños de la Constitución de 1991, que demanda ser superado, hacia una nueva calidad de la organización social. La perspectiva política no se encuentra en el pasado, ni en la refrendación electoral de un sistema basado en el fraude estructural y la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición y la posibilidad de ser gobierno,  que muestra evidente signos de crisis, como lo demostró el propio Foro de participación política. La tarea política actual demanda un compromiso histórico de mayor calado: La construcción unitaria de un proyecto político ambicioso, tendiente a la transformación estructural de la actual organización del poder. En ese sentido, la perspectiva constituyente posee un valor sin igual. Primero, porque los diálogos de La Habana han contribuido a abrirla. Segundo, por cuanto la dinámica de la organización y la movilización y popular, estimulada por las múltiples conflictividades que viene generando la acumulación capitalista, indican que podemos estar en presencia de luchas en ascenso, todavía dispersas, que pueden ser canalizadas hacia un cambio en la correlación de fuerzas a favor de la mayor democratización.


El lugar de encuentro, en términos de proyecto político, puede ser justamente un amplio  movimiento por una Asamblea Nacional Constituyente. Desde luego que las subjetividades respecto de esa perspectiva tienen que ser producidas. En ello, deben concentrarse los esfuerzos del accionar comunista en la etapa actual.  Y tercero, por cuanto la experiencia de la acción política de Nuestra América durante los últimos lustros demuestra que hay espacios para en una construcción del poder desde abajo, siempre y cuando exista la voluntad política para ello. Propiciar un gran acuerdo político en esa dirección deviene en tarea central del momento actual de la lucha de clases.


4 REAGRUPAMIENTOS POLÍTICOS Y CENTRALIDAD DEL PROCESO DE PAZ

La tesis sostenida en el XXI Congreso del PCC sobre el papel determinante del proceso de paz en la reconfiguración del proceso político colombiano, ha sido confirmada por el proceso real. Tanto en el campo político de la derecha, el centro y la izquierda la mediación de las negociaciones de La Habana, ha sido definitiva. Las perspectivas, dificultades y posibilidades de una negociación del conflicto social-armado son el centro de la vida política colombiana. La lucha histórica de los comunistas colombianos se convierte en eje del devenir de nuestra patria y sus consecuencias rebasan nuestras fronteras nacionales.


En los sectores de derecha la oposición al proceso de paz es cada día mayor y de forma directa emergen posiciones neo-facistas representadas por el uribismo, gremios como Fedegan y órganos de control estatal como la Procuraduría. Sus estrategias son diversas e intentan ganar espacios en la llamada “opinión pública”. Van desde pretendidas campañas “moralizantes” en oposición al aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo, la conformación de frentes de “víctimas” contra la insurgencia, hasta el rechazo total o boicot (entrega de las coordenadas) a cualquier negociación de paz. El periodismo crítico ha llamado la atención de los estrechos vínculos entre supuestas agremiaciones de “víctimas” y grupos históricos neo-nazis; como también, ha denunciado, preocupantes relaciones entre sectores del poder judicial y posiciones de extrema derecha. La derecha en Colombia se está aglutinando bajo la única bandera del rechazo total a cualquier iniciativa de paz. Actualmente la derecha intenta agruparse en el llamado “Centro democrático”.


El gobierno nacional mantiene una posición vacilante, coyunturalista y contradictoria frente a las perspectivas de la paz. Parece que en sus cálculos pragmáticos quiere quedar bien con todos los sectores de las clases dirigentes. No toma posiciones categóricas y comprometidas con las iniciativas de paz, sino establece un juego de roles oportunista para tratar de ganar en cualquier circunstancia: ya sea que se logre la firma de un acuerdo o no en La Habana. De cierta forma, el gobierno Santos y los sectores que representa, se encuentran encarcelados de sus afanes reeleccionistas y operan con cálculos electoreros. En ámbitos relativos a la paz muestra su rostro reaccionario. Frente al “fuero militar” y la Ley Estatutaria para su justificación, las posibilidades de un cese al fuego, la propuesta gubernamental de “justicia transicional”, la violación continuada de los Derechos Humanos, las amenazas a periodistas, sindicalistas y luchadores por la tierra, el nombramiento de magistrados seriamente cuestionados, etc., muestra las posiciones de derecha o ambiguas del gobierno actual. Es en extremo grave la situación de los presos políticos que el gobierno se niega a reconocer como tales. La ruta para la paz con justicia social exige la más amplia solidaridad con todos ellos.


La polémica pública, muy divulgada por los medios de comunicación, entre el Fiscal y el Procurador, muestra las profundas divergencias y la centralidad que ha adquirido la lucha por la solución política del conflicto colombiano. Polémicas relevantes sobre aspectos básicos de la negociación como las finalidades últimas de la paz, los tiempos necesarios de los Acuerdos, la concepción de la justicia transicional, el sentido de la reconciliación, la idea de reparación, etc., evidencian las fracturas de las clases dirigentes frente a la terminación del conflicto. El gobierno muestra un rostro pasivo y ambivalente frente a estos debates decisivos.


Los partidos políticos tradicionales, completamente cooptados por la modorra de la “unidad nacional” y las ambivalencias del poder ejecutivo, no tienen ninguna iniciativa por la paz. Se limitan a esperar las escasas iniciativas gubernamentales y las declaraciones formales de apoyo al proceso. En los últimos días, existen síntomas en el Partido Conservador, que sectores afines al rechazo al proceso de Paz, empiezan a ganar terreno para intentar acercar al conservatismo a posiciones aun más a la derecha.


La derecha pretende limitar el campo de la política a la falsa disyuntiva entre el “uribismo” y el “santismo”. Intenta instrumentalizar para beneficios electorales, con el apoyo de los medios de comunicación monopolizados, los matices personales de estos representantes del neoliberalismo. Hacer útil esta seudo-polarización es parte de mantener el poder de los sectores dominantes.


En el ámbito del “centro” y de la izquierda también el nudo de la lucha de ideas pasa por la actitud frente a la solución al conflicto y las perspectivas de la paz. La supuesta tesis, sostenida por ideólogos de “Progresistas”, sobre la existencia en Colombia de altas posibilidades para “crecer” hacia el “centro”, se convierte en problemática en las circunstancias de Colombia. Las experiencias de los “Verdes” y “Pido la palabra” son una muestra histórica de las limitaciones de las propuestas del denominado“centro”. Sus claros desplazamientos a la derecha muestran la imposibilidad de postular un campo político en Colombia que no tenga que potenciar su fuerza a partir de la izquierda revolucionaria.  La iniciación de las conversaciones entre Gobierno e Insurgencia, ha obligado a discutir las causas estructurales del conflicto colombiano y la imposibilidad de mantener una actitud “neutral” frente a esta cruda realidad.


La traición de la actual dirigencia del PDA parte del desconocimiento profundo de los problemas de la paz y la guerra en Colombia. Mientras las bases del PDA y la izquierda en su conjunto comprometen todos sus esfuerzos en la solución política, una dirección aislada del clamor popular, con sus actitudes prácticas desconoce la centralidad de la paz. El marginamiento de la “Marcha por la Paz” de 9 de abril, la incomprensión de procesos como “Marcha Patriótica” y “Congreso de los Pueblos”, son ejemplos de sus errores en la caracterización del momento político. El PDA tendrá que tramitar sus limitaciones históricas y sus bases sociales incrementar la gran fuerza por la paz de Colombia.


En el momento actual existen importantes acciones y organizaciones políticas comprometidas con la solución política del conflicto y la consolidación de bases sólidas para una paz estable. La izquierda comunista y revolucionaria ha cumplido un papel relevante en la reflexión y acción política por la paz. Consideramos que la Marcha de 9 de abril constituye un hito fundamental en ese sentido. Las posibilidades reales de un Frente Amplio por la Paz nacen en veredas, campos, organizaciones, ciudades, a través de diversos escenarios colectivos. Son diversas las condiciones que lo podrán hacer posible, pero algunas de las necesarias son: realizar esmerados esfuerzos por la unidad de la izquierda en las tareas de la paz; fortalecer las organizaciones unitarias existentes como la Ruta Social Común por la Paz; incentivar los procesos de las Constituyentes por la paz; fortalecer organizativamente y cooperativamente el trabajo del PCC, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos; promover el inicio de negociaciones con el ELN y el EPL; construir caminos para una candidatura presidencial unitaria que represente los anhelos nacionales de paz; entre muchas otras.


El campo de lo polìtico en la hora actual exige el compromiso diario y unitario por la construcción de la paz en Colombia. La construcción de un Frente Amplio por la Paz es el escenario político que lo puede garantizar y potenciar. No podemos perder este horizonte fundamental en nuestras acciones políticas. Ante los procesos electorales de 2014 no podemos  desplazar u opacar nuestro horizonte. Estas elecciones no se realizan en un conyuntura rutinaria y los esfuerzos críticos para no desorientar su significado profundo es conveniente analizarlo cada dìa y en cada coyuntura.


Algunos de los postulados que tenemos que discutir son: el proceso electoral tendrá relaciones estrechas con los procesos y tiempos de la negociación de la Habana; nuestras decisiones polìticas implican un análisis profundo de estas negociaciones; nuestra participación debe tener como centro un Programa por la Paz y la Democracia; las alianzas deben estar condicionadas a este Programa por la Paz y la Democracia; nuestra participación debe criticar de forma radical el sistema electoral existente en Colombia.


Una izquierda unitaria y el campo popular tienen sobre sus hombros la posibilidad histórica de contruir una paz estable y duradera. La consolidación del Frente Amplio por la Paz es el escenario político de la hora actual.


5 EL FRENTE AMPLIO POR LA PAZ Y SUS PERSPECTIVAS


En el contexto de un avance del proceso de paz y el ascenso de luchas y resistencias sociales no hay que perder de vista las posibilidades reales y la necesidad que se abra camino un cambio político con el objetivo inmediato de constituir un Gobierno democrático de amplia participación popular para la paz con justicia social, en el corto y mediano plazo, conforme a lo previsto por el XXI Congreso.


Un objetivo de este tipo será imposible de materializar sin una correlación de fuerzas democráticas con la capacidad suficiente para  neutralizar a los  sectores reaccionarios y a las fracciones dominantes que buscan sabotear o instrumentalizar, en el menor de los casos, los efectos políticos favorables que se deriven de un posible acuerdo de paz. ¿Qué tanto se ha avanzado en esta dirección? ¿Cuales son las posibilidades reales de materializar una convergencia o frente amplio en el corto plazo? ¿Cómo articular éste objetivo con las exigencias de un periodo electoral? Son cuestiones sobre las cuales debe haber  mayor iniciativa e intervención desde el PCC y MP.


La jornada del 9 de abril constituyó una experiencia exitosa  de unidad de acción sobre objetivos políticos concretos: la defensa del proceso de paz, las garantías y libertades democráticas y la defensa de lo público. Muestra la certeza de la orientación partidaria de moverse sin prejuicios, con principios pero a la vez con audacia, en la dirección correcta de ampliar el vinculo con sectores diversos de la sociedad dispuestos a jugársela como nosotros, pero desde sus particularidades, a favor de un respaldo a los diálogos, contra la continuidad de la guerra y por la construcción de una paz con justicia social. Todo indica que hay que seguir desarrollando y profundizando una orientación de este tipo.


En Bogotá se trabaja por mantener, ampliar y profundizar los acuerdos de unidad de acción que permitieron la  realización del 9 de abril mediante una campaña permanente por la paz, la democracia y la defensa de lo público, que incluirá actividades y procesos culturales, sociales, políticos, religiosos, foros, congresos, constituyentes, entre otras iniciativas  con el propósito de mantener informada,  en alerta y movilizada a la ciudadanía y a la opinión pública sobre estos tres temas de importancia distrital y nacional.


Lo anterior no significa perder la independencia frente a la administración distrital o nacional, ni mucho menos renunciar a la lucha por los derechos de las comunidades, tal cual ha quedado en evidencia con las acciones de hecho realizadas por organizaciones de desplazados y las comunidades del Sumapaz para reclamar sus derechos; o por los trabajadores de la ETB frente a la intransigencia de las directivas de la empresa en el proceso de negociación laboral. Por el contrario, la iniciativa del Partido que ha sabido acoger MP ha permitido ir superando prevenciones y sectarismos entre las organizaciones y fortaleciendo la capacidad de interlocución y autonomía de los procesos populares. Más que eventos o actividades desarticuladas hay que proponerse mantener una movilización permanente desde lo local regional y sectorial – todo no pueden ser movilizaciones a Bogotá -  que estimulen la lucha social, política e ideológica de las comunidades a favor de la paz con justicia social. Procesos de este tipo, sumados a las luchas que se libran en otros sectores como el agrario, educativo, minero, etc. favorecen en los hechos las posibilidades del Frente Amplio desde la base más allá del simple acuerdo burocrático de fuerzas.


Una prioridad: Reagrupar a la Izquierda Unitaria.


En el escenario de dispersión de fuerzas que sería negativo de mantenerse en el tiempo,  nos hemos propuesto en el proceso hacia un Frente o Convergencia amplio por la paz, la democracia y la soberanía,  avanzar en la tarea de contribuir a reagrupar  un bloque de izquierda que supere las urgencias electorales, sin descartar su participación. Esta iniciativa, surge de la evidente desnaturalización del PDA, que ha conllevado nuevas escisiones, la última de ellas el surgimiento de País Común con su pre candidatura presidencial, que se suma a la existencia de MP, el Congreso de los Pueblos, y a otros reagrupamientos regionales o nacionales que no tienen claro su devenir político, inclusive, varios de ellos todavía formalmente miembros del PDA.


Hasta el momento, la iniciativa de reagrupamiento proviene de sectores intermedios que buscan ante todo una alianza para superar el umbral electoral, algo que si bien es cierto es necesario, reedita la experiencia negativa del PDA que no debe volver a repetirse. Los intentos del PC hasta el momento han sido muy débiles, en gran parte porque MP no cuenta todavía con una política de unidad y alianzas lo suficientemente clara como para liderar un reagrupamiento en perspectiva de la izquierda unitaria y el  Frente Amplio. Algo similar sucede con el congreso de los pueblos donde persisten lecturas distintas sobre el escenario político unitario a priorizar, y en el cual el PUP, una de sus  fuerzas principales,  sigue comprometido con la estrategia del PDA.


Todo indica que nuestra decisión como PCC pasa en primer lugar por construir un acuerdo de MP discutiendo una definición clara en el campo de la política de alianzas y unidad. Lo deseable sería que MP no fuera una invitada en el proceso de reagrupamiento de la izquierda sino por el contrario, podría ser el principal dinamizador de la Unidad de la Izquierda desde la cual se promoviera el proceso de construcción del Frente Amplio con otros sectores intermedios y democráticos. De ahí la importancia del seminario de MP previsto para el 8 y 9 de junio en el cual el PCC debe tener una opinión propia, propositiva y constructiva.


La unidad de la izquierda implicaría avanzar en una articulación mayor con sectores como el MCP, País Común, el Congreso de los Pueblos y una parte importante de sectores retirados del PDA que se proponen identidades menos coyunturales, de tradición marxista y revolucionaria, comprometidos con la solución política, afines a la idea de un frente amplio, e interesados en una correlación que les permita no ser presa fácil de quienes desde la experiencia exclusivamente electoral hegemonizan los aparatos y las decisiones como evidentemente sucedió en el PDA y otros experiencias históricas anteriores. Esta alianza tendría una influencia también desde el campo de la lucha social en sectores tan importantes como el movimiento universitario y educativo, las luchas agrarias, el movimiento sindical, el trabajo artístico y la lucha urbana que ayudarían a superar obstáculos que aprovechándose de la dispersión  saben utilizar la derecha y sectores socialdemócratas.


En este marco proponemos la creación de un Coordinación de trabajo en la perspectiva del Frente amplio, abierto a la participación de las distintas corrientes y fuerzas de izquierda dispuestas concertar un camino de unidad.


Proponemos convocar un Encuentro o Conferencia unitario para intercambiar conceptos y estrategias de la izquierda en el desarrollo de la lucha por la paz, la democratización política del país y las reformas sociales indispensables para afianzar un horizonte de libertades, garantías ciudadanas, soberanía nacional, política y económica, unidad e integración latinoamericanas. Un tema de particular interés es la propuesta de una candidatura alternativa a la presidencia identificada con la bandera de la paz democrática.


Proponemos establecer compromisos en dirección a la movilización popular nacional, regional y sectorial, la unidad sindical, estudiantil, el movimiento social por la paz, las constituyentes por la paz y la creación de mecanismos para la participación electoral unitaria.


Como aportes a una plataforma unitaria que sirva de base a la movilización popular organizada y a las candidaturas alternativas, sugerimos los siguientes puntos de convergencia:


•    Solución política, respaldo a los diálogos de paz, ampliación al diálogo con el ELN y el EPL, apoyo a la propuesta de una paz con justicia social.


•    Punto final a la voracidad y las rentas parasitarias del capital financiero. Intervención de las organizaciones sindicales y sociales en la construcción de la política económica del Estado.

•    Defensa de la soberanía, la tierra, el territorio, los recursos naturales y una relación no depredadora con la naturaleza, reforma agraria integral y desarrollo de las ZRC.


•  Garantías y materialización de los derechos de la población (civiles, políticos,    económicos, sociales, culturales y ambientales) salud, educación, vivienda.


•   Restablecimiento pleno de los derechos laborales, al salario, la contratación colectiva y la organización de los trabajadores.


•    Democratización del Estado, del régimen político y del sistema político, estatuto de la oposición, reforma electoral y voto electrónico. Propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.


•    Apoyo y participación en los procesos de integración de Nuestra América.


La izquierda y el escenario electoral del 2014.


Más allá de los aspectos procedimentales a superar que hoy se convierten en un obstáculo propio del carácter antidemocrático del sistema y el régimen político dominante es bueno reflexionar sobre el significado y la importancia que puedan tener las próximas elecciones al congreso y a la presidencia de la república en el contexto de un proceso de paz en curso.


En lo inmediato, no se observa que de los diálogos en la Habana surja alguna iniciativa que cambie las actuales condiciones de participación política para el periodo electoral próximo. El congreso y la presidencia actuales hacen parte de un poder constituido en crisis que aspiramos a transformar, pero  en las circunstancias presentes, estas instituciones deberán cumplir un papel menor o mayor, - eso depende de la correlación de fuerzas que se logre construir - en la refrendación y defensa del acuerdo de paz que se llegue a materializar entre las fuerzas insurgentes y el estado colombiano.


La extrema derecha y el poder dominante, aprovechando el ventajismo,  aspiran a continuar ejerciendo un poder hegemónico en ambas instituciones. Algunos apuestan a convertir el congreso en la institución principal que obstaculice las posibilidades de una solución política además de continuar manteniendo su carácter reaccionario mediante la aprobación de leyes antipopulares.


Santos trabaja la idea de bloquear la participación y el reagrupamiento de la izquierda mientras no se consoliden acuerdos de paz, condicionando la apertura política a los resultados de la mesa. En estas circunstancias, las fuerzas de izquierda y progresistas deberán, una vez más, hacer frente a una participación en condiciones muy adversas pero en un escenario de disputa por la paz mediante la solución política y un ascenso de la lucha social. Razón suficiente para no renunciar a un escenario que aunque limitado podría contribuir a la agitación y la movilización popular.


Así las cosas, está campaña electoral tiene su razón de ser si está articulada al proceso general de lucha por la paz y de construcción de un amplio movimiento social y político que agite las banderas del cambio y la transformación democrática del país. Que promueva la idea de un Frente Amplio para un gobierno democrático como un primer paso en el desmonte  del poder dominante que ha sostenido la guerra y la exclusión durante décadas.  Una campaña y una movilización en este marco podrían garantizar, mantener o ampliar algunas vocerías populares en el Congreso, pero en cualquier caso, permitiría una labor de agitación en un escenario principal de la lucha política colombiana del cual la izquierda no debe sustraerse.


Por una parte, sin excepción, todos los sectores que gravitan alrededor de propuestas de democratización del país, tienen las angustias de poder pasar el umbral del 3% al Senado que en el mejor de los casos estará por el orden de 450.000 votos. El umbral a las Cámaras depende de cada departamento ya que es el 50% del cociente electoral, es decir, del total de votos válidos dividido por el número de curules a proveer en cada circunscripción. Otra angustia es el tema con qué personería jurídica participar, pues solamente el PDA, los Verdes y la ASI la tienen vigente.


Por lo anterior la idea de articulación fundamentalmente electoral puede tener varios escenarios:


En primer lugar la posibilidad de garantizar listas unificadas al Senado y hasta donde se pueda a la Cámara en los Departamentos. En este escenario el PDA, actúa con cierta arrogancia y no muestra interés en conformar un agrupamiento común para esa perspectiva, más bien se orienta en la idea de que todo el que necesite participar debe solicitar su ingreso a las listas del PDA, con sus reglas juego. Esto se refuerza por el hecho que los y las parlamentarias que han salido del PDA en la práctica, si desean volver a aspirar deben hacerlo por esta misma organización o de lo contrario estarían inhabilitados. Es obvio  que para sectores que han salido del PDA esta no es una salida posible.


En segundo lugar, para la posibilidad de construir un agrupamiento electoral común, se necesitaría una nueva legislación, que permitiera el transfuguismo, la escisión o la alianza entre partidos para integrar listas comunes, lo que el Gobierno Nacional ni su Mesa de Unidad, mayoritaria en el Congreso ve con buenos ojos, con el pretexto de la desbandada hacia el Uribismo.


La posible devolución de la personería jurídica a la UP es una eventualidad que depende de los mismos factores que mantienen congelado desde el poder todo desarrollo político. Abriría, sin embargo una posibilidad a la participación y a la unidad que podría estudiarse si se diera esta circunstancia.


Resta un tercer escenario por explorar con los aliados en la perspectiva del Frente amplio que es la recolección de firmas para configurar una lista nacional al senado, listas en algunos departamentos donde existan posibilidades de éxito y saltar el obstáculo que presupone el pago de pólizas para la inscripción. Este camino, el más difícil, implica acuerdos, organización, disposición de trabajo y recursos económicos. Tendría  la ventaja de poderse efectuar con independencia del bloqueo del régimen.


Hasta el presente el debate en Marcha Patriótica aún no se decanta, es decir mientras sectores que han venido con tradición de participar en la arena electoral y que tienen un espacio ganado como Piedad Córdoba  y el PCC que tiene una senadora, han expresado la necesidad de participar, otros sectores tienen reservas legitimas sobre si es el momento de hacerlo, más aún cuando las condiciones del régimen político sigue intactas y llevar al proceso de MP a un proceso electoral que termine con unos resultados pírricos, derrochando el actual capital político de MP no sería una movida inteligente. No obstante, el hecho que MP no participe con identidad propia, no implica que algunos sectores que lo integran no lo hagan, buscando participar en la construcción del paraguas electoral. Un debate al que habría que prestarle atención es sobre que presupuestos programáticos se podría construir tal alianza. Podríamos encontrar pistas en los elementos movilizadores de la marcha del 9 de Abril, es decir la paz, la defensa de lo público y la democracia. Superar esta situación es una tarea que va a ser decisiva para el futuro de la unidad.


Para el PCC, la situación no se presenta nada fácil. La posibilidad de mantener nuestro espacio en el Congreso depende de que nuestro caudal electoral pueda jugar. Igualmente tener una candidatura comunista supone mantener el ejercicio de combinar una candidatura atada a sectores del movimiento de masas que efectivamente sean un nicho electoral y el potencial electoral de la estructura del PCC, que como vimos en las pasadas elecciones no es de fácil mantenimiento.


Para poder cumplir con lo definido en el pasado Pleno urge posicionar la candidatura escogida para el Senado y escoger las que puedan trabajar para la Cámara de Representantes en cualquiera de los escenarios posibles, en los Departamentos donde existan condiciones. De no hacerlo con prontitud el entorno comunista y de amigos que votan con nosotros podría ver en otras candidaturas alternativas con las cuales ir comprometiéndose.


Desde el CEC y el departamento político hay que intensificar una agenda de intercambio con sectores aliados que permitan poner en marcha un proceso de acuerdos y alianzas en dirección a listas unitarias al Senado, a la Cámara de Representantes y a una candidatura alternativa a la presidencia de la república, haciendo énfasis en los aspectos programáticos básicos y en la necesidad de la unidad.


6 LAS TAREAS DEL PCC.


El impulso de los objetivos enunciados exige concentrar los esfuerzos de la organización para materializarlas. Varias tareas se imponen como prioritarias en el horizonte próximo.


La primera y más importante es la labor ideológica que alimenta la batalla de ideas en el contexto de la compleja coyuntura nacional en la que concurren el avance de los diálogos para la solución política, el crecimiento de la movilización popular con el necesario fortalecimiento de la unidad y la coordinación de las luchas del pueblo en la construcción del Frente amplio y su expresión en el campo de la política. La creación de las condiciones ideológicas y políticas para la participación electoral plantea el principal desafío para el PCC y para todos los aliados, empezando por la MP, las corrientes cercanas a Congreso de los pueblos, los progresistas y los sectores disidentes del PDA, más otras fuerzas independientes que pueden acercarse, cuya acción común sería indispensable para cualquier logro coherente. Un trabajo de información, convencimiento y persuasión es necesario en todos los niveles de la organización, la JUCO y los frentes de masas. Igual esfuerzo exige el contacto directo bilateral y multilateral con los aliados.


Otra importante tarea es avanzar en los acuerdos y métodos de trabajo conjunto con Marcha patriótica en la realización de las constituyentes, el seminario de experiencias electorales y las movilizaciones sociales en perspectiva. Un empeño especial debe estar en la precisión de los compromisos unitarios para el Frente amplio por la paz con las diversas fuerzas que se han ido acercando al compromiso.


Las condiciones para el trabajo electoral se muestran excepcionalmente difíciles y complejas por la implantación del umbral del 3%,  las graves falencias del sistema electoral actualmente existente y la limitación de los recursos económicos. En ausencia de una estructura con capacidad de avalar candidaturas unitarias en la izquierda proponemos a las fuerzas identificadas con la necesidad de poner fin a la guerra,  la búsqueda de la paz con justicia social y la construcción de un nuevo país democrático, establecer un acuerdo para una lista nacional al senado y recolectar firmas para inscribirla. Proponemos estudiar la posibilidad de reproducir el acuerdo en departamentos y distritos donde haya opciones a cámara. Proponemos que se escoja el nombre para senado entre los precandidatos y se recomiende a los comités estudiar opciones de acuerdos para cámara en los casos de Caquetá, Arauca y Bogotá.


Una labor tan exigente como la recolección de firmas para senado requiere acuerdos con aliados, como queda dicho. Pero también reclama el nombramiento de un (a) responsable nacional y un equipo ampliado de trabajo con participación de las distintas estructuras del PCC y la JUCO.


Un compromiso prioritario tiene que ver con las elecciones de directivos en la CUT y Fecode. Para la línea política del 21 Congreso que pone el acento en la movilización popular unitaria de masas es fundamental rescatar las organizaciones de los trabajadores de las posiciones de pasividad, ausencia de iniciativa y concesiones al oportunismo que han predominado bajo la presión de la derecha, en medio del desangre del liderazgo sindical y por la maquinación divisionista incubada desde la Vicepresidencia de la república. En un momento de ascenso relativo de las luchas sociales, de paros sectorizados y gremiales pero también de importantes movilizaciones contra la privatización de la salud y en defensa de la educación pública la lucha sindical debe recuperar su papel protagónico e incorporarse al debate sobre el futuro del país, la paz con justicia social y los derechos esenciales de los trabajadores.


Antes que pensar en crear nuevos aparatos sindicales con el pretexto de combatir el oportunismo se trata de dar la batalla y ganar el pulso por una Central unitaria de orientación clasista, de estructura democrática y comprometida con las luchas del pueblo. En Fecode se trata fortalecer la lucha por la educación pública gratuita, la dignidad de la labor docente y los derechos laborales del magisterio. Pese a los esfuerzos realizados no se logró un acuerdo con MP para las listas de CUT lo que ha obligado a redoblar el trabajo para tratar de conservar las posiciones actuales en su comité ejecutivo.


Se impone la necesidad de nuevas iniciativas en la difusión de VOZ como labor orgánica del PCC y la JUCO. Se hace un llamado principalmente en las mayores ciudades para ampliar la divulgación del semanario, en particular en Bogotá.


Un evento de extraordinaria importancia en el trabajo por la paz ha sido el Encuentro Nacional e internacional de Mujeres por la paz y la dignidad realizado en Florencia, Caquetá del 11 al 14 de mayo. Merecen destacarse el esfuerzo de movilización, organización, participación y consciencia así como su incidencia social y política pese a los inconvenientes interpuestos por las autoridades. Iniciativas como esta son un ejemplo que puede replicarse en otras regiones.


En concordancia con la centralidad de la lucha por la paz y la creciente ampliación de convergencias hay que fortalecer el respaldo a la actividad de los comunistas colombianos en el exterior, especialmente en la UE con base en la mayor unidad y coordinación de las tareas, la superación de las apreciaciones sectarias y el respeto por los mecanismos colectivos de enlace orgánico en estrecha relación con la dirección nacional del PCC.


Un elemento central es la solidaridad con todos los y las presos (as) políticos (as) y la movilización en múltiples sentidos po su libertad. La campaña nacional e internacional en este sentido debe resaltar el nombre de David Ravelo que simboliza la dignidad de los comunistas injustamente perseguidos por el régimen.


Estamos en el comienzo del camino, con circunstancias e inercias adversas pero con posibilidades crecientes muy grandes de avanzar. Todo logro más allá puede depender, en gran medida, de las decisiones que adoptemos. Más que en cualquier otro momento estamos ante el imperativo de actuar para romper los cercos que impone el régimen y canalizar la inconformidad que fluye desde desde la lucha popular hacia nuevos avances.


Bogotá, mayo 17 de 2013